En 2014, el Congreso mexicano aprobó una reforma a la ley de Telecomunicaciones que elimina el cobro en llamadas de larga distancia, obliga al noticiario de mayor audiencia a implementar apoyos visuales para personas sordas y… obliga a los concesionarios de comunicaciones a conservar por dos años la información personal de los usuarios. Un grupo de activistas interpuso un amparo contra esta ley, que fue rechazado este miércoles por la Corte. Para el Supremo mexicano, que el Gobierno tenga acceso a la información privada de la población, no es anticonstitucional.