Legisladores infringieron la reforma que ellos mismos aprobaron para crear el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Aunque tenían como plazo 180 días para tipificar en el Código Penal Federal sanciones por actos de secuestro y extorsión vía telefónica, ha pasado más de un año y dos meses sin que eso haya sucedido.