Las universidades autónomas de los estados de México y de Morelos están acusadas por haber provocado daños y/o perjuicios a la Hacienda Pública en un monto superior a los 2 mil millones de pesos durante el año 2013. La fuente es la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y sus documentos pueden consultarse en la página de ese órgano (auditorías 0244, 0245, 0246, 0269, 0270, 0275, 0294 y 1426). Se está ante un fraude de proporciones mayores y sus consecuencias administrativas y penales deberían alcanzar a las autoridades de ambas universidades y a las empresas subcontratadas, pero también a los funcionarios públicos del más alto nivel federal que por omisión, negligencia o complicidad participaron en el presunto atraco.