En octubre de 2017, el fiscal del Tribunal Supremo José Manuel Maza decidió acusar a todo el Gobierno catalàn de rebelión, sedición y/o malversación de fondos públicos. La rebelión és uno de los delitos más graves que se contemplan en el Código Penal español y se castiga con una pena de hasta 25 años de cárcel, una pena pràcticamente equivalente a los atentados contra el Rey de España y la familia real española.