De acuerdo con un tribunal, la PGJ capitalina violó una orden judicial al dar carpetazo y consumar la investigación por extorsión en contra de Adriana Pérez Romo, esposa del periodista Joaquín López-Dóriga, quien presuntamente, en 2015, pidió 5 millones de dólares para no frenar el desarrollo inmobiliario de Rubén Darío 225, en la colonia Polanco, desarrollo a cargo de la inmobiliaria Abilia, propiedad de la empresaria María Asunción Aramburuzabala.