El plan de austeridad de López Obrador ha provocado una onda expansiva de descontento e incertidumbre por los pasillos de las instituciones públicas mexicanas. El cóctel de leyes aprobado exprés por la mayoría parlamentaria de Morena permite reagrupar oficinas, deshacerse de otras, ajustar más de 6.000 plazas de la alta burocracia y colocar un techo salarial: ningún trabajador público puede cobrar más 108.000 pesos mensuales, el nuevo sueldo del presidente. Más de 200 jueces anunciaron este lunes que han promovido juicios de amparo en contra. No han sido los únicos. Desde el anuncio de la primera norma a finales de septiembre, la reacción ha sido una catarata de trabajadores públicos renunciando a sus puestos, solicitando prejubilaciones o directamente, siendo despedidos.