Tocaron a la puerta y Miguel Cervantes atendió. Era personal de la Procuraduría de la Defensa del Menor que, en atención a una queja interpuesta en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, querían constatar las condiciones familiares de Daniel, un pequeño transexual de ocho años. Así, Carmen y José, padres del menor, consideraron que de súbito pasaron de víctimas a victimarios.