La Constitución y la ley definen a la Guardia Nacional (GN) como una “institución de seguridad pública de carácter civil”, es decir, una corporación policial. Para pertenecer a la misma, sus elementos deben contar con un certificado que avale que tienen habilidades, conocimientos y la confianza para servir como policías a la ciudadanía. La realidad es distinta.