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Luego de tres días de debatir la constitucionalidad de las normas que permiten solicitar la geolocalización de los teléfonos celulares en tiempo real y sin orden judicial previa, ocho ministros se manifestaron por su permanencia y sólo tres por su inconstitucionalidad.
Cuatro de ellos estuvieron de acuerdo con la declaratoria de validez simple y llana, por considerar que no hay vulneración de las garantas fundamentales, como alega la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.