La fuga de Javier Duarte, los fraudes de Guillermo Padrés, los nexos criminales de Humberto Moreira, las propiedades millonarias de Roberto Borge… La lista de gobernadores y políticos mexicanos señalados por corrupción se ha hecho interminable. El presidente, Enrique Peña Nieto, ha reacomodado las piezas de su Gabinete fiscal para enfrentar el vendaval de escándalos, pero los esfuerzos parecen ser fútiles. México pierde hasta un 10% del PIB cada año por abusos de poder; es el país con la peor percepción de corrupción de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, y tiene uno de los índices de satisfacción con la democracia más bajos en América Latina. Este es el panorama que presentan María Amparo Casar y la organización civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en la segunda edición de Anatomía de la Corrupción. “México no está condenado a ser un país corrupto, este no es sólo un diagnóstico, sino un plan de acción”, ha afirmado este miércoles Claudio X. González, presidente de la asociación.