En abril de 2020, el Senado de la República aprobó de forma urgente la Ley de Amnistía bajo el argumento de que ayudaría a despresurizar los penales ante el creciente riesgo de la pandemia sanitaria. Pero durante su primer año de aplicación el gobierno federal solo concedió dicho beneficio a 5 de los 845 internos que lo solicitaron. En tanto, el resto de las solicitudes siguen en trámite o de plano fueron rechazadas por la comisión responsable de atender los casos, la cual, apenas ha sesionado tres veces. Esto, mientras la población en los centros penitenciarios del país ha seguido creciendo y ya rebasa los 220 mil internos, 15 mil más de los que había hace un año.