Norma Lucía Piña Hernández, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), concedió una suspensión solicitada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en contra de un mandato que obligaba a esta autoridad a iniciar los trabajos para la conformación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, bautizado como Panaut, y con ello la obligación de disponer también de una partida de recursos extraída de su propio presupuesto anual. El Instituto Federal de Telecomunicaciones sólo espera la notificación formal de la Suprema Corte. Antes que la petición del IFT, la Suprema Corte había negado una acción de incostitucionalidad del Inai contra el Panaut y otras solicitudes de senadores orientadas también contra el Panaut.