Un juez federal negó en definitiva a la Fiscalía General de la República (FGR) girar órdenes de aprehensión contra 31 científicos e investigadores, acusados por el Conacyt por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. El juez federal del caso fue Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Centro de Justicia Federal ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.