El gobierno de Javier Duarte de Ochoa pagó más de 9 millones de pesos por un lote de 70 mil pruebas rápidas de VIH-Sida para mujeres embarazadas, que resultaron inservibles al dar resultados falsos. Estos estudios formaron parte del Programa de Salud Maternal y Perinatal para la determinación de anticuerpos en suero y plasma, o suero, plasma y sangre total anti VIH1 y VIH2. De acuerdo con una denuncia penal interpuesta ante la Procuraduría General de la República (PGR) en 2014 y notificada a la Contraloría General del Estado —cuya copia posee EL UNIVERSAL—, funcionarios de la Secretaría de Salud y Asistencia adquirieron en una licitación pública el lote de pruebas.