El nuevo presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, aseguró durante su campaña electoral que acabaría con las drogas en seis meses "matando a los criminales si hace falta". Siete semanas después de su toma de posesión, su promesa empieza a materializarse. Desde el 1 de julio, unas 1.900 personas -entre presuntos narcotraficantes y consumidores- han muerto a manos de las fuerzas de seguridad o de grupos de vigilancia que patrullan las calles de las ciudades del país. Tanto organizaciones en defensa de los derechos humanos como representantes de Naciones Unidas han criticado duramente esta particular guerra emprendida por el nuevo presidente, que no tiene visos de terminar pronto.