“Entregar la seguridad pública a instituciones y personal de carácter eminentemente militar, no garantiza en modo alguno que se revierta la situación de ilegalidad, impunidad, corrupción, violencia e inseguridad que nuestro país enfrenta.No garantizaría en modo alguno o contribuiría por sí misma de manera sustantiva a que se acabara con la impunidad, debilitaría nuestra institucionalidad civil y democrática, además de contravenir principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos”, sostuvo.