“Por falta de argumentos”, la Secretaría de la Función Pública (SFP) archivó cinco denuncias que empleados del DIF interpusieron en contra de la exdirectora, Rocío García Pérez, quien les exigía entregar entre 2 y hasta 4% del salario a condición de mantener sus cargos. La dependencia decidió cerrar la investigación iniciada en abril de 2021 debido a que los denunciantes no aportaron las pruebas suficientes para “acreditar las faltas” presuntamente incurridas por la exdirectora García Pérez, quien fue ascendida a la subsecretaría de Bienestar el pasado 11 de enero.