La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es una de las dependencias que ha recurrido a las llamadas “factureras”, las empresas que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas, inexistentes o ficticias y contra las que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha emprendido una persecución legal en México. Entre 2013 y 2019, diversas instancias del Ejército mexicano pagaron 2.371 millones de pesos (unos 156 millones de dólares) a 250 compañías que posteriormente fueron declaradas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como fantasma. A pesar del grave daño al erario que esto ocasionó, ningún titular de las direcciones que autorizaron las compras que ampararon las facturas falsas ha sido sancionado, de acuerdo con la información proporcionada por la Sedena para esta investigación.