Por decisión unánime, los cuatro ministros presentes (Fernando Franco, Sergio Valls, Margarita Luna Ramos y Luis María Aguilar) consideraron que si bien las sociedades de información crediticia (burós de crédito) fueron concebidas originalmente para hacer acopio y divulgación de información comercial o financiera de los ciudadanos, que se incluya en el historial crediticio de los ciudadanos los créditos fiscales no pagados ni garantizados, "no puede considerarse violatorio de las garantías de legalidad, seguridad y certeza jurídica".