A un año, las tres principales testigos de cargo en el caso Tlatlaya cayeron en contradicciones en las declaraciones que forman parte del expediente que integró la Procuraduría General de la República (PGR). Aseguraron que estaban secuestradas, para cambiar después su versión, y dos de ellas aceptaron que eran sexoservidoras contratadas por integrantes del grupo armado que el 30 de junio de 2014 se enfrentó a elementos del Ejército.