Los datos personales de 1.6 millones de servidores públicos federales, que estaban bajo resguardo de la Secretaría de la Función Pública (SFP), fueron robados y expuestos en internet entre mayo y junio de 2020 porque la dependencia no tomó las medidas de seguridad adecuadas cuando, indebidamente, quiso utilizar esa información para crear una nueva base de datos. Esos datos formaban parte de los sistemas DeclaraNet y del sistema del Registro Único de Servidores Públicos (RUSP).