Durante 39 meses, el gobierno de Estados Unidos dejó que las acusaciones de “crimen de Estado” contra el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, crecieran y se incubaran en la opinión pública mexicana e internacional, y que el Ejército se convirtiera en sospechoso de haber sido cómplice en el crimen contra 43 estudiantes en Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014.