El cártel de Jalisco ha respondido a su manera a la política del actual gobierno mexicano de “abrazos no balazos”: secuestrando a varios miembros de una fuerza policial de élite en el estado de Guanajuato, torturándolos para obtener los nombres y direcciones de colegas, y ahora está cazando y matando a policías en sus casas, cuando están en sus días libres, frente a sus familias. Es un tipo de ataque directo a oficiales que rara vez se ve fuera de las naciones más plagadas de pandillas de Centroamérica, y representa el desafío más directo hasta ahora para la política del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de evitar la violencia y rechazar cualquier guerra contra los cárteles.