El Senado de la República aprobó la iniciativa presidencial para crear la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, por la que se obliga a la Secretaría de la Función Pública (SFP) a iniciar una investigación en contra de funcionarios, a partir incluso de denuncias anónimas, cuyos autores serán protegidos y se les dará una recompensa económica al final del procedimiento administrativo.