De acuerdo con información de la PGR, estas acciones forman parte de una estrategia integral en diversos frentes y países, tienen como finalidad limitar o anular el uso, aprovechamiento y movimiento de los recursos ilícitos por parte del mandatario y sus cómplices en su intento de burlar la aplicación de la justicia. Además de garantizar la restitución del daño patrimonial causado a las familias veracruzanas, en virtud de que dichos recursos estaban destinados a su desarrollo y bienestar social.