La venta de una nave industrial en 2016 se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para el candidato presidencial mexicano Ricardo Anaya. Las autoridades investigan el origen del dinero con el que se compró, después de que dos abogados revelaran a finales de enero que la compra se hizo a través de un esquema de lavado de dinero. La Procuraduría General de la República (PGR), la Fiscalía mexicana, no ha logrado probar ni que el origen del dinero -53 millones de pesos, 2,9 millones de dólares- sea ilícito ni que Anaya se haya beneficiado de él. Las críticas por supuesta corrupción, no obstante, golpean desde hace semanas al candidato de Por México al Frente, que denuncia un ataque orquestado por el presidente, Enrique Peña Nieto, para perjudicarle y un “uso faccioso” de las instituciones. Una parte de la investigación se centra ahora en esclarecer un inusual movimiento accionarial en la empresa que compró la nave. El notario que supuestamente autorizó el cambio accionarial en la compañía, un político de un partido aliado histórico del PRI, aseguró la pasada semana ante la PGR que no reconocía su firma en unos documentos, por lo que presentó una querella por falsificación.